IncioInicio | Añadir a favoritos Acceso clientes | Añadir a favoritos Añadir a Favoritos | Mapa web  
Abogados en Valencia
- 脕rea PENAL
nulidad auto de detencion
Jose Fco. Villanueva Castillo
08/01/2013
 
Nulidad del auto de prisi贸n en la operaci贸n 芦Emperador禄 Raquel CASTILLEJO MANZANARES Catedr谩tica de Derecho Procesal Universidad de Santiago de Compostela Diario La Ley, N潞 7996, Secci贸n Tribuna, 8 Ene. 2013, Editorial LA LEY LA LEY 4/2013 El Juez Central de Instrucci贸n de la Audiencia Nacional acord贸 la libertad del presunto l铆der de la mafia china Gao Ping y de otros once imputados por la trama 芦Emperador禄, tras haber presentado aqu茅l recurso interesando que se modificara la situaci贸n de prisi贸n provisional incondicional comunicada por la de libertad provisional. Todo ello fue consecuencia del auto de la Secci贸n 3.陋 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el que se resolvi贸 la puesta en libertad de otro coimputado, Kai Yang, por considerar que el magistrado hab铆a incumplido los plazos de detenci贸n previstos en la ley, apreci谩ndose vulneraci贸n del derecho fundamental a la libertad I. LOS HECHOS La operaci贸n 芦Emperador禄 constituye la principal operaci贸n policial y judicial llevada a cabo en Europa contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales relacionado con ciudadanos chinos residentes en Espa帽a Como es sabido, la polic铆a detuvo a casi un centenar de personas en varias de las principales ciudades, como Madrid, Barcelona, Guip煤zcoa, M谩laga y Zamora. Sin embargo, el Juez Central de Instrucci贸n de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, acord贸 el pasado 29 de noviembre la libertad del presunto l铆der de la mafia china Gao Ping y de otros once imputados por la trama 芦Emperador禄, tras haber presentado aqu茅l recurso interesando que se modificara la situaci贸n de prisi贸n provisional incondicional comunicada por la de libertad provisional. Todo ello fue consecuencia de que en auto de 22 de noviembre de 2012, la Secci贸n 3.陋 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, resolvi贸 la puesta en libertad de otro coimputado, Kai Yang, por considerar que el magistrado hab铆a incumplido los plazos de detenci贸n previstos en la ley, apreci谩ndose vulneraci贸n del derecho fundamental a la libertad. Ello por cuanto la detenci贸n de la recurrente se hab铆a prolongado por m谩s de 72 horas, acogi茅ndose para ello a la interpretaci贸n que de lo dispuesto en el art. 497 LECrim. se recoge en la STC 180/2011, de 21 de noviembre. En cualquier caso, y a petici贸n de la Fiscal铆a, impone como medidas cautelares la comparecencia diaria, la prohibici贸n de abandonar Espa帽a, y la retirada del pasaporte. El Juez Andreu defendi贸 que las resoluciones en las que ordenaba la detenci贸n de los presuntos mafiosos, se hab铆an dictado con la finalidad al mismo tiempo de autorizar las entradas y registros y la pr谩ctica de varias diligencias en las que deb铆an estar presentes los detenidos, y en ellas daba este plazo de tres d铆as para que pusieran a los arrestados a su disposici贸n. Desde su punto de vista, durante las 72 horas los detenidos hab铆an estado bajo la custodia y la disponibilidad de la polic铆a, por lo que el arresto se hac铆a en la pr谩ctica por parte de los agentes 鈥攄etenci贸n policial鈥 As铆 bien, el magistrado consider贸 que se trataba de una detenci贸n ordenada por un juez, pero en per铆odo de investigaci贸n policial, y el d铆a 18, habiendo sido objeto de detenci贸n el d铆a 16, dict贸 el auto prorrogando la detenci贸n, en el que se comunic贸 a los detenidos que a partir de ese momento se pon铆an a disposici贸n del magistrado. Si decidi贸 prorrogar la detenci贸n y no mandarles a prisi贸n directamente fue para evitar que no entraran en un centro penitenciario sin haber declarado antes, por parecer esta una opci贸n m谩s garantista. Por su parte, la Audiencia Nacional resuelve que la soluci贸n correcta no era la que arbitr贸 el magistrado, sino la de decretar su prisi贸n sin o铆rles, a pesar de que aqu茅l lo hizo alegando que al amparo de los principios constitucionales el juez debe o铆rles antes de decidir la prisi贸n. Recordemos ahora, antes de pasar al an谩lisis de las dos resoluciones, la del Magistrado Andreu y la de la Audiencia Nacional, cu谩l fue el iter de los hechos: 鈥 a) Mediante resoluci贸n de fecha 15 de octubre de 2012, el magistrado Andreu orden贸 la detenci贸n de Kai Yang, junto con la de otras 107 personas, todo ello en el marco de un procedimiento en curso, seguido en el Juzgado Central de Instrucci贸n n煤mero 4 de la Audiencia Nacional, y en virtud de la petici贸n que en tal sentido se realiz贸 por el Ministerio Fiscal, por considerar que de las diligencias de investigaci贸n hasta la fecha practicadas, (en el mismo) se derivaban indicios suficientes como para imputar a los inculpados su participaci贸n en delitos de car谩cter grave, como los de pertenencia a organizaci贸n criminal, contrabando, delitos contra la Hacienda P煤blica y blanqueo de capitales, entre otros. 鈥 b) El mismo 15 de octubre dicta, tambi茅n a instancia del Ministerio Fiscal, auto por el que se autoriza a la polic铆a judicial la pr谩ctica de un total de 124 diligencias de entrada y registro en domicilios, sedes sociales de empresas, locales, etc., la cual habr铆a de llevarse a cabo con la participaci贸n y presencia de las personas detenidas. 鈥 c) El d铆a 16 de octubre a las 6 de la madrugada se procede a la detenci贸n por parte de la polic铆a judicial. 鈥 d) El d铆a 18 de octubre se dicta auto por el que se acuerda que la polic铆a judicial ponga a disposici贸n del Juzgado a los detenidos que a煤n no hubieren sido entregados, cesando desde ese mismo momento la pr谩ctica de cualquier tipo de diligencia con su intervenci贸n. 鈥 e) El d铆a 19 de octubre se procede a convocar a las partes para la celebraci贸n de la comparecencia prevista en el art. 505 LECrim. 鈥 f) El d铆a 20 de octubre se dicta auto por el que se ordena la prisi贸n provisional de los detenidos. II. LAS MEDIDAS CAUTELARES El tiempo necesario para la tramitaci贸n de un procedimiento, cuando es excesivamente dilatado, pone en peligro, por un lado, la eficacia del propio proceso, en cuanto no sea posible celebrar el juicio ante la ausencia del acusado y, por otro, compromete la eficacia de la sentencia, si la condena se impone cuando ya no es posible cumplirla. Por ello se hace necesaria la previsi贸n de medidas cautelares, por medio de las cuales se trata de asegurar, tanto que el proceso se produzca a pesar de la voluntad y actuaciones en contra del acusado, como que la sentencia se pueda cumplir, venciendo la resistencia que el condenado pudiera oponer. Las medidas cautelares como tales se caracterizan por tres notas: 鈥 鈥 Instrumentalidad, pues exigen que el proceso principal se haya incoado, a excepci贸n de la detenci贸n preventiva (aunque 茅sta tiene que tener como referente un proceso principal). 鈥 鈥 Provisionalidad, ya que al dirigirse a asegurar la efectividad de la sentencia, su duraci贸n es limitada. Es m谩s, si desaparece o se modifica la situaci贸n de hecho que la motiv贸, la medida podr谩 extinguirse, alzarse o sustituirse. En efecto, como pone de manifiesto de forma reiterada el Tribunal Constitucional (1) 芦ni la situaci贸n de prisi贸n preventiva, ni la de libertad provisional, ni la cuant铆a de la fianza que permite acceder a la misma, constituyen situaciones jur铆dicas intangibles o consolidadas y por ello inmodificables, sino que, de conformidad con lo previsto en el art. 539 LECrim., "los autos de prisi贸n y libertad provisionales ser谩n reformables durante todo el curso de la causa". Dicho precepto faculta, indiscutiblemente, a los 贸rganos judiciales a modificar una situaci贸n anterior "cuantas veces sea procedente" y a modificar la cuant铆a de la fianza "en lo que resulte necesario para asegurar las consecuencias del juicio"... la incidencia del paso del tiempo en el sustento de la medida de prisi贸n provisional "obliga a posibilitar en todo momento el replanteamiento procesal de la situaci贸n personal del imputado y, por as铆 expresarlo, a relativizar o circunscribir el efecto de firmeza de las resoluciones judiciales al respecto con la integraci贸n del factor tiempo en el objeto del incidente"禄. 鈥 鈥 La proporcionalidad respecto a los hechos que se depuran y a su gravedad. Al respecto manifiesta el Tribunal Constitucional en su sentencia de 26 de noviembre de 1984 que 芦En definitiva, la presunci贸n de inocencia es compatible con la aplicaci贸n de medidas cautelares siempre que se adopten por resoluci贸n fundada en derecho que, cuando no es reglada, ha de basarse en un juicio de razonabilidad acerca de la finalidad perseguida y las circunstancias concurrentes, pues una medida desproporcionada o irrazonable no ser铆a propiamente cautelar, sino que tendr铆a un car谩cter punitivo en cuanto al exceso禄. Dichas medidas pueden ser personales o reales, suponiendo las primeras una limitaci贸n o una prohibici贸n en el ejercicio de las libertades individuales, presentando intromisiones que afectan a libertades fundamentales. Por su parte, las reales son de contenido patrimonial y afectan a los bienes del imputado o del responsable civil. Nos detendremos a analizar la problem谩tica espec铆fica que plantean las primeras. III. LA DETENCI脫N Es una medida cautelar personal que se puede adoptar como consecuencia de la comisi贸n de un hecho delictivo, antes incluso de haberse incoado un proceso penal, y consiste en la privaci贸n de libertad ambulatoria de una persona por un corto periodo de tiempo. La detenci贸n cabe que sea ordenada por la autoridad judicial, as铆 como practicada por particulares y por la polic铆a. Dentro de esta 煤ltima cabe diferenciar: 鈥 鈥 La practicada por raz贸n de la fuga o rebeld铆a de la persona detenida, o cuando, una vez se haya producido la imputaci贸n judicial en proceso penal abierto, el imputado no comparece y se presume que no lo har谩. En estos supuestos habr谩 de ser entregado el detenido al juez sin practicar diligencia alguna. 鈥 鈥 La detenci贸n policial preventiva, cuando se trata de una imputaci贸n policial, o en los casos de detenci贸n en flagrante delito o en intento de cometerlo. En estos supuestos tiene atribuidas funciones de investigaci贸n preliminar por un plazo m谩ximo de 72 horas. A continuaci贸n deber谩 ser puesto en libertad o a disposici贸n judicial. Todo detenido tiene unos derechos reconocidos en el art. 520 LECrim., pero s贸lo dos nos interesan ahora en cuanto presentan algunos problemas de contenido procesal. Por un lado, el derecho a ser informado de sus derechos y de las razones de su detenci贸n. Si tenemos en cuenta que el art. 520 LECrim. se refiere al tratamiento de detenidos y presos, y que se halla previsto en el marco de las medidas cautelares personales en el proceso penal, pareciere que los derechos del detenido se hallan previstos para los que han sufrido una breve privaci贸n de libertad, detenci贸n, o bien, un poco m谩s duradera, la prisi贸n provisional. Pero en cualquier caso, la duda nos surge respecto de las personas privadas brevemente de libertad sin haber sido detenidas, si se les aplica o no el r茅gimen de garant铆as que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esto es, si quien no ha adquirido la condici贸n de detenido puede beneficiarse de la aplicabilidad del r茅gimen jur铆dico de esas garant铆as y derechos, pudiendo, por tanto, alegar la vulneraci贸n de los mismos por los cauces establecidos legalmente. Como ya hemos mencionado, de la ubicaci贸n del precepto y de su dicci贸n literal se desprende que la respuesta no puede ser otra sino que no pueden beneficiarse de la aplicabilidad del r茅gimen jur铆dico de garant铆as y derechos salvo que efectivamente hayan adquirido la condici贸n o el status de detenido (2) . La pregunta que cabe hacerse a continuaci贸n es si se puede alegar la vulneraci贸n de los derechos y garant铆as reconocidos a la detenci贸n por los cauces establecidos legalmente. M谩s concretamente, nos referimos a si cabe instar el correspondiente proceso de habeas corpus, configurado como una v铆a de tutela jurisdiccional eficaz y r谩pida frente a los eventuales supuestos de detenciones no justificados legalmente, o que transcurren en condiciones ilegales. Este procedimiento se caracteriza por su universalidad, de forma tal que seg煤n la STC 232/1999, de 13 de diciembre, en el proceso de habeas corpus es posible plantear todos los supuestos en los que se produce una privaci贸n de libertad no acordada por el juez. De este modo, salvo las privaciones de libertad controladas judicialmente (frente a las que cabe la interposici贸n de medios de impugnaci贸n, e incluso del amparo constitucional), el proceso de habeas corpus cabe plantearlo frente a todos los supuestos en los que se produce una privaci贸n de libertad, tanto las ejecutadas en el marco de un proceso penal, como las que tienen lugar fuera. As铆 el internamiento forzoso de enfermos ps铆quicos o de personas sospechosas de ser portadoras de enfermedades infectocontagiosas (3) , la detenci贸n gubernativa de extranjeros, la medida de identificaci贸n en dependencias policiales de conformidad con el art. 20 LO 1/1992, sobre protecci贸n de seguridad ciudadana, o los arrestos domiciliarios. Adem谩s, la universalidad provoca que la tutela pueda solicitarse no s贸lo en los supuestos en los que la detenci贸n fuere ilegal sino cuando siendo legal, se prolongue m谩s all谩 de lo permitido legalmente o tenga lugar en condiciones ilegales. Queda referirnos en este momento al derecho a ser puesto en libertad o a disposici贸n judicial dentro de los plazos previstos en la Ley. El problema es precisamente determinar cu谩l es el plazo que marca la ley pues, por un lado, se prev茅 un plazo m谩ximo que en ning煤n caso podr谩 superar las 72 horas (4) , y por otro, y siempre dentro de este plazo, un tiempo m谩ximo de duraci贸n que ser谩 el tiempo estrictamente necesario para realizar las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. En consecuencia, el plazo material de la detenci贸n viene impuesto por el que imponga la pr谩ctica de las diligencias imprescindibles, siendo en todo caso el plazo m谩ximo el de 72 horas, el que opera con car谩cter subsidiario y absoluto. Al respecto se pronunci贸 el Tribunal Constitucional en su sentencia de 5 de julio de 1990, seg煤n la cual a los efectos del habeas corpus la detenci贸n que no supera las 72 horas pero que excede de lo estrictamente necesario para la realizaci贸n de las pesquisas para el esclarecimiento del hecho, ha de considerarse ilegal. Pues bien, la pr谩ctica ha establecido que las conducciones desde las Comisarias o los Cuarteles de la Guardia Civil, o las jefaturas de Polic铆a Local, hasta los Juzgados tiene lugar s贸lo en determinados momentos del d铆a, lo que, siendo una indudable ventaja tanto para el trabajo judicial, que dedica esa franja para tomar declaraci贸n a los detenidos, como para el trabajo policial, que optimiza las conducciones aprovechando la disponibilidad de los funcionarios, supone sin embargo un perjuicio para el detenido, que se ver谩 privado m谩s horas de libertad, sobre todo en aquellos supuestos en los que la conducci贸n ante la autoridad judicial se haga una sola vez al d铆a, porque si falta alguna diligencia de investigaci贸n por llegar y entra una vez realizada aqu茅lla, se tendr谩 que esperar otras 24 horas para el traslado del detenido (5) . Al respecto ha manifestado el Tribunal Constitucional en su sentencia 165/2007, de 2 de julio que 芦pueden calificarse como privaciones de libertad ilegales, en cuanto indebidamente prolongadas o mantenidas, aquellas que, a煤n sin rebasar el indicado l铆mite m谩ximo, sobrepasen el tiempo indispensable para realizar las oportunas pesquisas dirigidas al esclarecimiento del hecho delictivo que se imputa al detenido, pues en tal caso opera una restricci贸n del derecho fundamental a la libertad personal que la norma constitucional no consiente. ... desde el momento en que las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos fueron finalizadas, y no constando la existencia de otras circunstancias, la detenci贸n policial del actor qued贸 privada de fundamento constitucional. En ese instante, que nunca puede producirse despu茅s del transcurso de setenta y dos horas, pero s铆 antes, la polic铆a ten铆a que haberlo puesto en libertad, o bien haberse dirigido al Juez competente... No aparece en modo alguno justificada, no s贸lo porque el propio protocolo preve铆a entre sus disposiciones que no quedaba excluida la presentaci贸n de un detenido ante el Juez de guardia en hora distinta de la antes se帽alada, pudiendo as铆 el Juzgado de Instrucci贸n de Guardia recibir detenidos durante las 24 horas cuando las circunstancias as铆 lo aconsejen, sino, fundamentalmente, porque tal circunstancia, como afirm谩bamos en un supuesto parecido en la STC 224/2002, de 25 de noviembre, no puede justificar en principio un alargamiento tan desproporcionado del per铆odo de detenci贸n, una vez declarada la conclusi贸n de las investigaciones policiales, m谩xime cuando, como acontece en este caso, se hab铆a presentado ante el Juzgado de guardia una solicitud de habeas corpus que permiti贸 conocer, una vez remitidas, la conclusi贸n de las diligencias policiales.禄 Como no cabe obviar, el art. 496 LECrim. establece un plazo para la detenci贸n de 24 horas, el que proviene de la codificaci贸n napole贸nica de comienzos del siglo XIX, y responde al hecho de la inexistencia de polic铆a de investigaci贸n, lo que provocaba que, una vez efectuada la detenci贸n, se produc铆a la entrega inmediata a la autoridad judicial sin realizar diligencia alguna. El plazo era el que se entend铆a pod铆a emplearse para conducir a una persona al lugar donde se hallaba el juez. Ello provoca que tal plazo podamos entenderlo previsto para quien actualmente no puede tampoco efectuar diligencia alguna, esto es, los particulares, pero no para la polic铆a judicial. IV. NULIDAD DE LA PRISION PROVISIONAL POR VIOLACI脫N DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD 1. Auto de la Audiencia Nacional por la que se resuelve la nulidad La defensa de una de las imputadas, Kay Yang, en el proceso seguido por delitos de pertenencia a organizaci贸n criminal, blanqueo de dinero, delitos contra la Hacienda P煤blica, falsedad documental y otros, interpone recurso de apelaci贸n contra el auto de 20 de octubre de 2012 por el que el Juzgado Central de Instrucci贸n n煤mero 4 eleva su detenci贸n a prisi贸n provisional. Considera que se ha violado su derecho fundamental a la libertad consagrado en el art. 17.1 CE, fundament谩ndolo en que, siendo una detenci贸n ordenada judicialmente por auto de 15 de octubre de 2012 en el marco de unas diligencias previas, el detenido qued贸 a disposici贸n de la autoridad judicial el d铆a 16 a las 6 horas, comenzando en ese momento a contar el plazo de 72 horas de que la misma dispone con arreglo a lo dispuesto en los arts. 497.2 y 505.1, 2, 3 y 4 LECrim., para legalizar la situaci贸n de detenci贸n mediante la puesta en libertad o la prisi贸n provisional, con o sin fianza. El auto de prisi贸n provisional fue dictado finalmente el 20 de octubre de 2012, por lo que vencido el t茅rmino legal, deviene nula dicha resoluci贸n. Interpuesto as铆 el recurso, la Audiencia Nacional, su Secci贸n 3.陋, entiende que: 鈥 a) Del tenor literal del auto de 15 de octubre de 2012 dictado por el Juzgado Central de Instrucci贸n en el marco de un procedimiento judicial y a solicitud del Ministerio Fiscal, se desprende claramente que se trata de una detenci贸n judicial y no policial. 鈥 b) A la vista de la STC 180/2011, interpretando el art. 497.2 LECrim., la puesta a disposici贸n judicial del detenido se produjo con la detenci贸n a las 6 horas del d铆a 16 de octubre y es a partir de ese momento cuando comienza el c贸mputo de las 72 horas de las que dispone el juez que conoce de la causa para acordar bien la libertad, bien la prisi贸n provisional, previa celebraci贸n en dicho plazo, de la comparecencia del art. 505 LECrim., t茅rmino 煤nicamente prorrogable en cuanto a la celebraci贸n de la comparecencia pero no respecto al auto de prisi贸n cuando se d茅 el supuesto de imposibilidad de celebraci贸n de aqu茅lla que contempla el art. 505.5 LECrim. Por todo ello resolvi贸 que la regla nulla custodia sine lege obliga a que la decisi贸n judicial de decretar, mantener, o prorrogar la prisi贸n como situaci贸n excepcional a la libertad que contempla el art铆culo 17.1 CE, al disponer que nadie puede ser privado de libertad salvo en los casos y en la forma prevista por la ley, deba estar prevista en uno de los supuestos legales y se adopte mediante el procedimiento legalmente regulado, de ah铆 que tal derecho fundamental puede verse conculcado tanto cuando se act煤a bajo la cobertura improcedente de la ley, como cuando se opera contra lo que la ley dispone, habi茅ndose se帽alado por el Tribunal Constitucional (6) , que los plazos han de cumplirse por los 贸rganos judiciales, por lo que en caso de ser incumplidos resulta afectada la garant铆a constitucional de la libertad contenida en el art. 17.1 CE. As铆 bien, la omisi贸n por parte del Juzgado Central de Instrucci贸n, dentro de las 72 horas siguientes a la detenci贸n ordenada por 茅l, esto es, antes de las 6 horas del d铆a 19 de octubre de 2012, del pronunciamiento de libertad o de prisi贸n previa celebraci贸n de la comparecencia prevista en el art. 505, o excepcionalmente, en caso de imposibilidad de su celebraci贸n, acordando la prisi贸n a la resulta de la comparecencia posponible otras 72 horas, determin贸 la falta de cobertura legal de la detenci贸n del apelante que se vio privado ilegalmente de libertad. Todo lo cual no se subsan贸 o repar贸 por el auto de 20 de octubre adoptado una vez superado el citado plazo legal. La decisi贸n, por tanto, es la estimar la nulidad insubsanable del auto de prisi贸n provisional, lo que determina la inmediata puesta en libertad del apelante, sin perjuicio de que se adopten las medidas cautelares, nunca privativas de libertad, previstas en el art. 530 LECrim. 2. Otra posible interpretaci贸n No estoy totalmente de acuerdo con dicha decisi贸n, m谩s bien creo que cabe otra interpretaci贸n, sin perjuicio de que una actuaci贸n distinta del magistrado Andreu tambi茅n podr铆a haber salvado la situaci贸n. En cualquier caso, parece obvio que se requiere una m谩s precisa y completa regulaci贸n de la figura de la detenci贸n, pues en un Estado democr谩tico y social como el nuestro no cabe que la adopci贸n de medidas cautelares de tan importante contenido quede al albur de la interpretaci贸n constante del Tribunal Constitucional, tras la interposici贸n de un recurso amparo cada d铆a m谩s restrictivo. A) Detenci贸n policial o judicial Lo primero que se debiera de dilucidar es si se trata en este caso de una detenci贸n judicial o policial, y parece claro es que es judicial, en cuanto ordenada por el 贸rgano jurisdiccional por auto de 15 de noviembre de 2012. Ello, en principio, produce consecuencias muy distintas en cuanto al c贸mputo de los plazos. En efecto, si la detenci贸n fue ya desde su inicio acordada por la autoridad judicial, la regulaci贸n de su plazo m谩ximo absoluto son las 72 horas previstas en el art. 497 LECrim. y no las referidas en el art. 17.2 CE. As铆 bien, a pesar de que en este precepto constitucional aparece gen茅ricamente la menci贸n de detenci贸n preventiva, su 谩mbito de aplicaci贸n no alcanza a las detenciones acordadas por una autoridad judicial, como se deriva claramente de la circunstancia de que ese mismo precepto establece que antes del transcurso de dicho plazo el detenido debe ser puesto en libertad o a disposici贸n de la autoridad judicial. La detenci贸n judicial, por tanto, cuenta con un plazo m谩ximo de 72 horas previsto legalmente en el art. 497 LECrim. en aplicaci贸n de la remisi贸n a la ley prevista en el art. 17.1 CE, y no el constitucionalizado en el art. 17.2 CE. En este contexto, la normativa legal en materia de plazos de la detenci贸n judicial se contiene en el art. 497 LECrim., en cuyo p谩rrafo primero se dispone, para las situaciones en que la detenci贸n no haya sido practicada por autoridad judicial, que 芦si el Juez o Tribunal a quien se hiciese la entrega fuera el propio de la causa... elevar谩 la detenci贸n a prisi贸n, o la dejar谩 sin efecto, en el t茅rmino de 72 horas, a contar desde que el detenido le hubiese sido entregado禄. Por su parte, el p谩rrafo segundo del mismo art铆culo, y ya espec铆ficamente para los casos de detenci贸n judicial, prev茅 que 芦lo propio, y en id茅ntico plazo, har谩 el juez o tribunal respecto de la persona cuya detenci贸n hubiere 茅l mismo acordado禄. Como se帽ala la STS 180/2011, de 21 de noviembre, ciertamente, el p谩rrafo primero del art. 497 LECrim., al regular la actuaci贸n de la autoridad judicial en los casos en que le sea entregado un ciudadano objeto de una detenci贸n por un particular o por autoridad o agente de la polic铆a judicial, dispone que en el plazo de 72 horas 芦a contar desde que el detenido le hubiese sido entregado禄 deber谩 regularizar su situaci贸n, elev谩ndola a prisi贸n o dej谩ndola sin efecto. Por su parte, el p谩rrafo segundo del art. 497 LECrim., ya espec铆ficamente para los supuestos en que la detenci贸n haya sido acordada judicialmente, dispone que el juez deber谩 hacer 芦lo propio, y en id茅ntico plazo禄. Por tanto, desde la literalidad del precepto, y teniendo en cuenta la remisi贸n del p谩rrafo segundo al p谩rrafo primero del art. 497 LECrim., lo 煤nico que es inequ铆voco es que la ley, en los casos de detenci贸n judicial, impone que el juez 芦en id茅ntico plazo禄, es decir, 72 horas, haga lo propio, esto es, elevar la detenci贸n a prisi贸n o dejarla sin efecto. Pero en ning煤n caso, que el c贸mputo de esas 72 horas deba realizarse desde que el detenido le hubiese sido entregado. En efecto, el p谩rrafo primero del art. 497 LECrim. establece el momento de la entrega del detenido al juez como momento inicial para el c贸mputo del plazo para que la autoridad judicial regularice la situaci贸n del detenido, respondiendo a la l贸gica de que esa puesta a disposici贸n judicial trae causa de una previa situaci贸n de detenci贸n practicada por un particular o por una autoridad o agente de la polic铆a judicial y de que, en estos casos, la entrega a la autoridad judicial act煤a como garant铆a judicial a posteriori de la libertad personal del detenido. Por el contrario, la detenci贸n judicial regulada en el p谩rrafo segundo del art. 497 LECrim. es una privaci贸n de libertad que no trae causa de una decisi贸n ajena a la propia autoridad judicial y, por tanto, la intervenci贸n de la polic铆a no se hace en virtud de una potestad o habilitaci贸n legal aut贸noma, sino que se limita a ser una mera ejecuci贸n de la decisi贸n judicial. B) Detenci贸n para pr谩ctica de diligencias El auto de la Audiencia Nacional basa, entre otras, su resoluci贸n en la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional 82/2003, de 5 de mayo, pero obvia que se trata de un supuesto de hecho diferente. En efecto, recordemos que en el caso por ella revisado el 贸rgano judicial dict贸 un Auto acordando la detenci贸n, autorizando su traslado hasta las dependencias policiales, lo que se llev贸 a efecto por los agentes del Cuerpo Nacional de Polic铆a al d铆a siguiente, quienes hicieron entrega del detenido en la comisar铆a el mismo d铆a. Al d铆a siguiente de la detenci贸n se decret贸 la permanencia del detenido en las dependencias de la comisar铆a de polic铆a a disposici贸n del juzgado, ordenando su presentaci贸n 3 d铆as despu茅s para recibirle declaraci贸n y legalizar su situaci贸n personal, argumentando que no se hab铆a superado el plazo m谩ximo de detenci贸n previsto en los arts. 17 y 497 LECrim. Al detenido se le toma declaraci贸n judicial el d铆a previsto y ese mismo d铆a se acuerda su situaci贸n de prisi贸n provisional. En definitiva, el juez entendi贸 que el plazo de 72 horas no se deb铆a computar desde el momento en que se ejecut贸 materialmente la detenci贸n, sino desde que el detenido le hubiera sido entregado al Magistrado instructor. Pues bien, en el supuesto objeto de la sentencia del Tribunal Constitucional citada, la 煤nica finalidad de la detenci贸n ordenada por el Juez y realizada por la polic铆a, era la de ejecutar la decisi贸n judicial de detenci贸n para poner al detenido a su disposici贸n. En este caso no resulta por tanto posible aplicar como inicio del c贸mputo temporal uno diferente al de la propia ejecuci贸n material de la detenci贸n. En este caso, es plena la disponibilidad judicial, pues la polic铆a se limit贸 estrictamente a seguir lo acordado en el auto de detenci贸n, y era la ejecuci贸n material de la misma para entrega del detenido. Y aqu铆 es donde estriba la diferencia sustancial entre el supuesto contemplado por la sentencia del Tribunal Constitucional citada y el presente caso. En aquella, la autoridad judicial acuerda la detenci贸n y presentaci贸n de una persona investigada en la causa que se instru铆a, persona respecto de la que la polic铆a no ten铆a encomendada otra labor que detenerla y ponerla a disposici贸n del juzgado. Por ello resuelve la sentencia citada que 芦la 煤nica finalidad de la detenci贸n practicada por la polic铆a era la de ejecutar la decisi贸n judicial de detenci贸n para ponerlo a su disposici贸n, por lo que no resulta posible aplicar c贸mputos temporales cuando la detenci贸n ten铆a un 煤nico y com煤n objeto. ...En este contexto, en los t茅rminos se帽alados por el Ministerio Fiscal, tomando en consideraci贸n que la 煤nica finalidad de la detenci贸n realizada por parte de la polic铆a en este caso era la de ejecutar la decisi贸n judicial de detenci贸n para poner a su disposici贸n, no resulta posible aplicar como inicio del c贸mputo temporal uno diferente al de la propia ejecuci贸n material de la detenci贸n.禄 Sin embargo, en el caso que nos ocupa ahora, el de la mafia china, siendo la intervenci贸n de la polic铆a la ejecuci贸n de una decisi贸n judicial, la misma tiene una habilitaci贸n aut贸noma, pues no est谩 destinada 煤nicamente a la detenci贸n para puesta a disposici贸n, sino para pr谩ctica de diligencias que requieren la presencia de los detenidos, tales como la entrada y registro. Por ello, no es tan claro que se deba aplicar como inicio del c贸mputo temporal el de la propia ejecuci贸n material de la detenci贸n. De hecho en el auto de 15 de octubre ordena el magistrado la detenci贸n, pero no que los detenidos le sean entregados al Juzgados de forma inmediata, sino que los mismos sean puestos a disposici贸n judicial en el plazo m谩s breve posible, sin exceder las 72 horas legalmente establecidas para la pr谩ctica de diligencias antes de ser los detenidos puestos a disposici贸n judicial. En el presente supuesto, se puede perfectamente utilizar el argumento, dif铆cilmente utilizable en el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional, de que la autoridad judicial no pod铆a adoptar una decisi贸n sobre la situaci贸n del detenido si previamente no se le hab铆a hecho entrega material del mismo, y ello porque, entre otras cosas, deb铆a conocer el resultado de las diligencias ordenadas el mismo d铆a y en otro auto del de detenci贸n. Es por ello que el 18 de octubre dicta otro auto en el que ordena la puesta a disposici贸n judicial de los detenidos. En efecto, a la vista de los informes que se le iban enviando al Juzgado por la polic铆a judicial, seg煤n los cuales las diligencias acordadas ya hab铆an sido cumplimentadas, se dicta auto por el que se acuerda que la polic铆a judicial ponga a disposici贸n del Juzgado a los detenidos que a煤n no hubieren sido entregado al mismo, cesando desde ese mismo momento la pr谩ctica de cualquier tipo de diligencia que se pudiera practicar con los mismos. Este auto, que no es declarado nulo por la Audiencia y que habilita al de 20 de octubre, en el que se ordena la prisi贸n provisional de aqu茅llos. Es cierto que en los casos de detenci贸n judicial la polic铆a no deja de ser un mero instrumento de ejecuci贸n de lo acordado judicialmente, pero en este caso, no desde el mismo momento de la detenci贸n, la autoridad judicial tiene plena disponibilidad de la situaci贸n del detenido, pues los pone en manos de la polic铆a para la pr谩ctica de determinadas diligencias. As铆 bien, y como dice el Tribunal Constitucional en la sentencia referida, efectivamente el caso que en ella se expone es claro, 芦esa plena disponibilidad judicial es bien patente en el presente caso en que como ya se ha expuesto, la polic铆a se limit贸 estrictamente a seguir lo acordado en el auto de detenci贸n, tanto en lo referido a la ejecuci贸n material de la misma como a la entrega del recurrente en la comisar铆a de M谩laga禄. Sin embargo, en el que nos ocupa la plena disponibilidad no era tal, pues s贸lo cuando se termina la pr谩ctica de diligencias y el tribunal ordena su puesta a disposici贸n para toma de declaraci贸n es cuando realmente el tribunal podr谩 tomar decisiones sobre la situaci贸n de los detenidos. Por otro lado, en el auto de la Audiencia se decide la nulidad del auto de prisi贸n provisional. Sin embargo, no se entiende bien esta decisi贸n, en cuanto dicho auto no se dict贸 el d铆a 20 de octubre porque el Magistrado necesitara m谩s tiempo para realizar diligencia alguna de investigaci贸n, y por ello precisare de un plazo que rebasare las 72 horas desde que se produjo la detenci贸n a las 6 de la madrugada del d铆a 16. De hecho, no se realiz贸 diligencia alguna a partir de las 6 de la ma帽ana del d铆a 19 de octubre, fecha en la que habr铆an transcurrido las 72 horas, sino que se acord贸 tras haber o铆do a los imputados, al Ministerio Fiscal y al Letrado de la defensa, en la comparecencia prevista en el art. 505 LECrim., la que habr谩 de tener lugar no en las 72 horas posteriores a la detenci贸n, sino que dice literalmente en el n煤mero 2 芦La audiencia prevista en el apartado anterior deber谩 celebrarse en el plazo m谩s breve posible dentro de las 72 horas siguientes a la puesta del detenido a disposici贸n judicial y a ella se citar谩 al imputado, que deber谩 estar asistido de letrado por 茅l elegido o designado de oficio, al Ministerio Fiscal y a las dem谩s partes personadas. La audiencia habr谩 de celebrarse tambi茅n para solicitar y decretar, en su caso, la prisi贸n provisional del imputado no detenido o su libertad provisional con fianza禄. Pues bien, puestos a disposici贸n judicial tras el auto de 18 de noviembre de 2012, la comparecencia tiene lugar por auto dictado el 19 de noviembre, y se resuelve la situaci贸n de prisi贸n por auto de 20, sin transcurrir 72 horas desde la puesta a disposici贸n judicial. Si bien, la detenci贸n fue judicial, fueron necesarias diligencias con presencia de los detenidos, y no eran uno o dos, sino 118. Por ello se ordena cuando termina su pr谩ctica la puesta a disposici贸n y en el plazo de 72 horas desde la misma, se acuerda la prisi贸n. 驴Qu茅 raz贸n pues hubo para anular dicho auto de prisi贸n? Adem谩s, la Sala no motiva en ning煤n momento por qu茅 el exceso del plazo de detenci贸n supone una causa de nulidad del auto de 20 de octubre de 2012. El art铆culo 238 LOPJ enumera los actos procesales nulos de pleno derecho, y el tribunal sentenciador no se refiere a ninguno de ellos. En cualquier caso, la posible vulneraci贸n de un derecho fundamental, no supone por s铆 sola, la nulidad de cuantas resoluciones judiciales se hayan dictado despu茅s de tal vulneraci贸n. Es preciso que se exprese y motive la relaci贸n de causalidad entre la vulneraci贸n y la nulidad. Hubiera sido necesario, por tanto, que se apreciara la conexi贸n de antijuricidad entre la vulneraci贸n del derecho fundamental y la resoluci贸n anulada (7) . Y siendo que la medida cautelar puede ser impuesta sin venir precedida de detenci贸n judicial, no se atisba a ver c贸mo, suprimida mentalmente la vulneraci贸n del derecho, hubiese deca铆do la posibilidad de acordar la prisi贸n provisional. Pues los fines constitucionalmente protegidos a los que sirve la medida no depende, ni en lo f谩ctico ni en lo jur铆dico de la previa situaci贸n personal del sometido a aqu茅lla. En definitiva considero que la interpretaci贸n de los hechos realizada por la Audiencia no es la correcta, a煤n cuando es cierto que el Magistrado Andreu podr铆a haber dictado el auto de prisi贸n el d铆a 19 y no el 20. Esto es, el d铆a 19 convoc贸 a la celebraci贸n de la comparecencia del art. 505 de forma previa a pronunciarse sobre la prisi贸n por entenderlo m谩s garantista. El Magistrado consider贸 que la soluci贸n no era decretar la prisi贸n sin o铆rles pues, al amparo de los principios constitucionales, el juez debe hacerlo antes. Sin embargo, la ley permite que se hubiera pronunciado sobre la libertad o prisi贸n con car谩cter previo a la celebraci贸n de la comparecencia del art. 505 excepcionalmente, en caso de imposibilidad de su celebraci贸n, acordando la prisi贸n a las resultas de la comparecencia posponible otras setenta y dos horas. V. A MODO DE CONCLUSI脫N A modo de reflexi贸n final cabe concluir que la premisa de la que hemos de partir es que los plazos de la detenci贸n judicial no est谩n constitucionalizados, de hecho se trata de plazos conformados legalmente en virtud de la remisi贸n que el art. 17.1 CE hace a la ley, esto es, al defectuoso art. 497 LECrim. A partir de ah铆, la cuesti贸n se centra en que la fecha a quo para el c贸mputo del plazo de 72 horas respecto de la detenci贸n judicial no est谩 clara. De hecho, el propio Tribunal Constitucional reconoce que la interpretaci贸n literal del precepto no arroja resultados inequ铆vocos, si bien se acoge a la tesis de que el c贸mputo se inicia con la ejecuci贸n material de la detenci贸n y ello por dos 贸rdenes de razones: La primera tiene que ver con el principio in favor libertatis. La segunda se concreta en una pregunta que produce gran incertidumbre, si el plazo no computa desde la materializaci贸n de la detenci贸n, cu谩l es el plazo que tiene la polic铆a para entregar al detenido al Juez, y desde que momento se computa el plazo para que el Juez eleve la detenci贸n a prisi贸n o la deje sin efecto. La respuesta pasa por entender que no deben ser tratadas igual todas las detenciones judiciales. Habr谩 que distinguir las detenciones enderezadas a la puesta a disposici贸n del detenido para que se le tome declaraci贸n por el 贸rgano judicial y se decida sobre su situaci贸n, supuesto en el que habr谩 de materializarse la entrega en cuanto se produzca dicha detenci贸n, sin que pueda prorrogarse en ning煤n caso ni tener que llegar a las 72 horas. De aquellas otras detenciones que tratan de viabilizar la pr谩ctica de diligencias en las que se precisa la presencia del detenido y que pueden ser, como en el caso que nos ocupa, complejas y numerosas. En ellas se debe proceder a la entrega al 贸rgano judicial una vez practicadas las diligencias as铆 ordenadas, y nunca sobrepasadas las 72 horas desde la detenci贸n. Todo ello, salvo que se asuma que la v铆a en estos casos es acordar directamente la prisi贸n inaudita parte a resultas de lo instruido, lo que materialmente viene a ser igual de lesivo del derecho a la libertad. (1) SSTC 66/1997, de 7 de abril; 66/2008, de 29 de mayo. Ver Texto (2) As铆 bien, no cabe la instrucci贸n de derechos: 鈥 Fuera del proceso penal cabe la privaci贸n breve de libertad, no si茅ndoles aplicables el r茅gimen de garant铆as de la instrucci贸n de los derechos: 鈥 Ingreso de extranjeros en centro de internamiento durante la tramitaci贸n de expediente sancionador de expulsi贸n, del art铆culo 62 LO 4/2000, de 11 de enero, reformada por la LO 8/2000, de 22 de diciembre, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa帽a y su integraci贸n social, modificado, a su vez por el art铆culo segundo de la LO 11/2004, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia dom茅stica e integraci贸n social de los extranjeros. 鈥 Detenci贸n para preservar el orden p煤blico en los estados de alarma, excepci贸n y sitio, seg煤n se prev茅 en el art. 16 LO 4/1981, de 1 de junio. 鈥 Internamiento de incapaces 鈥攁rt. 211 CC鈥. 鈥 Detenci贸n no cautelar en el seno de un proceso, o cuando 茅ste fuere previsible, por lo tanto su vinculaci贸n a una investigaci贸n penal se halla presente: 鈥 La exploraci贸n radiol贸gica en el aeropuerto. 鈥 Interrupci贸n para petici贸n y muestra de identificaci贸n. 鈥 Parada de veh铆culo a fin de someter al conductor a prueba de alcoholemia. 鈥 Pr谩ctica de cacheo. Seg煤n el Tribunal Supremo en su sentencia de 16 de marzo de 2001, el cacheo no es una diligencia de detenci贸n de la persona cacheada y, por tanto, las garant铆as y derechos a que se refiere el art. 17.2 y 3 CE y el art. 520 LECrim. no le son aplicables. Ver Texto (3) Seg煤n el Tribunal Constitucional en sentencia de 5 de julio de 1990 芦En este sentido tendr铆a raz贸n el recurrente si, efectivamente, cuestionada la actuaci贸n de internamientos por entenderse que no persist铆a una situaci贸n de perturbaci贸n mental que la justifique, las resoluciones judiciales no hubiesen tutelado esa libertad y controlado judicialmente la regularidad de la situaci贸n de internamiento禄. Ver Texto (4) Conforme a lo previsto en el art. 55 CE, que regula la suspensi贸n de los derechos y libertades, cabe prolongar la detenci贸n preventiva policial en dos supuestos: 鈥 Los arts. 16 y 32.2 LO 4/1981, reguladora de los Estados de alarma, excepci贸n y sitio, permite extender la detenci贸n hasta 10 d铆as cuando existan sospechas fundadas de que la persona va a alterar el orden p煤blico 鈥 El art. 520 bis LECrim. regula la prolongaci贸n de la detenci贸n con fines investigadores hasta 48 horas m谩s de las 72 previstas con car谩cter general, cuando se hubiera practicado la detenci贸n por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, siempre que se solicite la pr贸rroga dentro de las primeras48 horas desde la detenci贸n y sea autorizada por el juez en las 24 horas siguientes. Ver Texto (5) Manifiesta a este respecto PORRES ORTIZ DE URBINA, E., La detenci贸n, p谩gs. 510/11, que tanto en las grandes ciudades como en las peque帽as la puesta a disposici贸n judicial de los detenidos se hace de forma ordenada en funci贸n de un sistema diario de conducciones preordenadas o manteniendo la detenci贸n durante buena parte del fin de semana hasta el lunes en que est谩 disponible el Juez competente en su horario ordinario de trabajo. Ciertamente el sistema de conducciones es razonable desde la perspectiva del servicio p煤blico, tanto para la polic铆a como para el Juzgado de Guardia, dado que la Polic铆a economiza medios y el Juzgado puede organizar la guardia de una forma razonable. En las peque帽as poblaciones, en que no existe un servicio de guardia de presencia f铆sica, la puesta a disposici贸n judicial de los detenidos a primera hora de la ma帽ana o al finalizar el fin de semana parece tambi茅n algo razonable, ya que no puede pretenderse, especialmente cuando en el Partido hay un solo juzgado, que el Juez, dem谩s funcionarios y personal de la guardia acudan de forma reiterada a cualquier hora del d铆a o de la noche para atender individualmente a cada detenido. Sin embargo, la ley no establece distinciones. La dilaci贸n en la puesta a disposici贸n judicial de los detenidos por razones de organizaci贸n no tiene cobertura legal, de ah铆 que cuando exista alg煤n tipo de reclamaci贸n deba ser atendida. La falta de cobertura legal obliga a tener en cuenta las siguientes consideraciones: 鈥 Si por cualquier raz贸n el detenido es puesto a disposici贸n judicial fuera de las horas convenidas con la Polic铆a, el Juzgado no puede devolver el detenido ordenando que sea presentado en la conducci贸n ordinaria o por la ma帽ana. 鈥 Se debe ser especialmente cuidadoso con aquellas detenciones que por razones sanitarias y de otro orden pueden originar problemas a causa de su prolongaci贸n. Pi茅nsese en madres en periodo de lactancia, embarazadas, detenidos enfermos o con problemas psiqui谩tricos etc. Lo prudente en estos casos es adelantar la puesta a disposici贸n judicial. 鈥 Si se formula reclamaci贸n por el letrado del imputado mediante habeas corpus, debe ser estimada ordenando la inmediata puesta a disposici贸n judicial, salvo que la Polic铆a invoque que no se han finalizado las diligencias. SSTC 127/1984, 37/1996, y 147/2000. Ver Texto STC n煤m. 49/1999, de 5 de abril. Ver Texto
 
脕REA LABORAL
ACLARACION SENTENCIA
Jose Fco. Villanueva Castillo- 27/05/2013
 
脕REA LABORAL
Limite de la indemnizacion por despido improcedente en trabajadores - topes m谩ximos en los 2 periodos de 45 y 33 dias
Jose Fco. Villanueva Castillo- 21/11/2016
 
脕REA LABORAL
EL PAGO DE INDEMNIZACIONES Y SALARIO POR FOGASA DE EMPRESAS EN CONCURSO- ABOGADOS VALENCIA
Jose Fco. Villanueva Castillo- 31/03/2014
 
脕REA LABORAL
Las pensiones de Jubilacion contributivas - Reforma de la jubilacion -
Jose Fco. Villanueva Castillo- 19/03/2013
 
脕REA LABORAL
No reincorporaci贸n de trabajadora fija discontinua - DESPIDO NULO - /FIJO DISCONTINUO
Jose Fco. Villanueva Castillo- 05/07/2016
 
脕REA LABORAL
Administraciones P煤blicas -concurso p煤blico, supone la existencia de un despido, o, por el contrario, su cese constituye una v谩lida extinci贸n del contrato de trabajo INDEFINIDO( NO FIJO ) previsto en el art铆culo 49.1 b). ET
Jose Fco. Villanueva Castillo- 11/11/2015
 
脕REA LABORAL
Despido individual nulo o subsidiariamente improcedente consecuencia de un despido colectivo por razones econ贸micas, productivas y organizativas. Percepci贸n por la trabajadora de la indemnizaci贸n acordada en conciliaci贸n ante la Sala de lo Social de
Jose Fco. Villanueva Castillo- 12/06/2017
 
脕REA LABORAL
ABOGADOS- PRUEBA SOCIAL-VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROCESO LABORAL
josep Sornosa - 26/03/2013
 
脕REA LABORAL
ACCIDENTE LABORAL EN VALENCIA
Jose Fco. Villanueva Castillo- 04/12/2012
 
脕REA LABORAL
el pago por el FOGASA AL TRABAJADOR EN DESPIDO OBJETIVO
Jose Fco. Villanueva Castillo- 13/12/2012
 
  Abogados de empresas en Valencia C/ Polo y Peyrolón, 23 bajo - 46021 - Valencia - Tel: 963 39 25 25
Avda. al Vedat, 21 EDIFICIO MONTECARLO Piso 4º - Despacho 5 46900- Torrent
Tel. general:     963 39 25 25
  Condiciones de uso Alojamiento web en ConfigBOX