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Abogados en Valencia
- 脕REA CIVIL
LA JURA DE CUENTAS EN HONORARIOS DE ABOGADO Y PROCURADOR
Jose Fco. Villanueva Castillo
17/01/2013
 
LA JURA DE CUENTAS EN HONORARIOS DE ABOGADO Y PROCURADOR ART脥CULO 35. Honorarios de los abogados 1. Los abogados podr谩n reclamar frente a la parte a la que defiendan el pago de los honorarios que hubieren devengado en el asunto, presentando minuta detallada y manifestando formalmente que esos honorarios les son debidos y no han sido satisfechos. 2. Presentada esta reclamaci贸n, el Secretario judicial requerir谩 al deudor para que pague dicha suma, con las costas, o impugne la cuenta, en el plazo de diez d铆as, bajo apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnaci贸n. Si, dentro del citado plazo, los honorarios se impugnaren por indebidos, se estar谩 a lo dispuesto en los p谩rrafos segundo y tercero del apartado 2 del art铆culo anterior. Si se impugnaran los honorarios por excesivos, se proceder谩 previamente a su regulaci贸n conforme a lo previsto en los arts. 241 y siguientes, salvo que el abogado acredite la existencia de presupuesto previo en escrito aceptado por el impugnante, y se dictar谩 decreto fijando la cantidad debida, bajo apercibimiento de apremio si no se pagase dentro de los cinco d铆as siguientes a la notificaci贸n. Dicho decreto no ser谩 susceptible de recurso, pero no prejuzgar谩, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior. 3. Si el deudor de los honorarios no formulare oposici贸n dentro del plazo establecido, se despachar谩 ejecuci贸n por la cantidad a que ascienda la minuta, m谩s las costas. AP Alicante, sec. 8陋, A 27-6-2011, n潞 71/2011, rec. 358/2011 Pte: Soriano Guzm谩n, Francisco Jos茅 Resumen La AP estima el recurso de apelaci贸n interpuesto por el abogado demandante contra el auto que puso fin al procedimiento de cuenta de abogado, ya que la resoluci贸n impugnada vulnera el principio de legalidad procesal toda vez que el art铆culo la LEC no confiere al juez la facultad de exigir la aportaci贸n de documentos m谩s all谩 de los previstos en la fase inicial del referido procedimiento como son la aportaci贸n de la minuta detallada y la manifestaci贸n formal por parte del abogado de que esos honorarios le son debidos y no le han sido satisfechos AP Alava, sec. 1陋, S 7-2-2011, n潞 60/2011, rec. 540/2010 Pte: Madaria Azkoitia, I帽igo Resumen La Audiencia acuerda estimar parcialmente el rec. de apelaci贸n interpuesto contra la sentencia de instancia que desestim贸 la demanda en reclamaci贸n de los honorarios profesionales facturados al demandado, como consecuencia de la relaci贸n de servicios derivada de la asistencia profesional como abogado. La sentencia de instancia desestima la demanda al considerar que la prueba testifical practicada no acredita suficientemente la existencia de un pacto verbal sobre la cuant铆a de los honorarios, y remite la reclamaci贸n al procedimiento de jura de cuentas, ante el juzgado en el cual se sigui贸 la causa. El actor se alza en apelaci贸n invocando la incongruencia que a su juicio supone la estimaci贸n de excepci贸n de inadecuaci贸n del procedimiento. Sobre el fondo de la acci贸n reitera sus argumentos iniciales en relaci贸n al contrato de arrendamiento de servicio y el pacto verbal sobre los honorarios, que a su juicio queda acreditado con la prueba testifical. Se帽ala esta Sala que el primer motivo del recurso debe ser estimado, por cuanto la juzgadora de instancia resuelve acerca de una cuesti贸n no suscitada en el 谩mbito del procedimiento ordinario cuya demanda es el origen y el marco procesal del juicio, con independencia de los motivos que sirvieron en la oposici贸n a la solicitud de procedimiento monitorio, y adem谩s la contestaci贸n no plantea la referida cuesti贸n. Sobre la cuesti贸n de fondo no ofrece duda en cuanto a la existencia de la relaci贸n profesional que implica un contrato de arrendamiento de servicios, si bien no consta acreditado el hecho de que el precio pactado fuera el referido por el actor, a帽adiendo que debemos entender que el precio reclamado por el actor se contrae en su determinaci贸n al resultado de aplicar las normas colegiales con los criterios expresados por el propio demandado. Consecuentemente procede estimar parcialmente la demanda inicial, condenando al demandado al pago de la suma pertinente FORMULARIO AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N脷MERO XXXX DE BARCELONA DON RAMON GARCIA GARCIA , Abogado en ejercicio de esta ciudad, colegiado n潞 22222 con despacho profesional en la calle La Laguna, n潞 23 de Barcelona, con DNI n潞 5555555, ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO: Que por medio del presente escrito promuevo RECLAMACI脫N DE HONORARIOS. contra DON ALVARO L脫PEZ L脫PEZ de profesi贸n mec谩nico, domiciliado en Barcelona en la calle Los Pinos n潞 12, seg煤n consta en los autos de JUICIO DECLARATIVO ORDINARIO SOBRE RECLAMACI脫N DE RENTAS, tramitados en este Juzgado con el n潞 xxxxx, en los que ha ostentado el que suscribe la defensa de DON ALVARO L脫PEZ L脫PEZ. Baso el presente escrito en los siguientes, HECHOS PRIMERO.-DON ALVARO L脫PEZ L脫PEZ me encarg贸 promover Juicio Declarativo Ordinario sobre reclamaci贸n de cuotas de comunidad impagadas por el demandado DON JULIAN FERN脕NDEZ FERN脕NDEZ SEGUNDO.-Este Letrado prest贸 los referidos servicios como consta en los autos citados. TERCERO.- A pesar de las distintas gestiones que se han llevado a cabo para la consecuci贸n del cobro de los honorarios, el referido demandado no ha contestado a ninguna de mis reclamaciones, lo que motiva me vea en la obligaci贸n de promover el presente procedimiento en base al art. 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se acompa帽an al presente escrito la minuta y los justificantes de los requerimientos de pago como documentos 1 a 7. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. El art. 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. II. ........................ III-. En cuanto a las COSTAS, ser谩n impuestas al demandado conforme al art. 394.1 de laLey de Enjuiciamiento civil, incluso en el caso que no formulare oposici贸n (art. 35.3 de la LEC). Por todo ello, SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por presentado este escrito y minuta jurada detallada junto con sus copias, se admita y se tenga por deducida la reclamaci贸n de honorarios contra DON ALVARO L脫PEZ L脫PEZ acord谩ndose por el/la secretario/a judicial requerirle para que haga efectivos los honorarios referidos que ascienden a un total de2.500 euros en el plazo m谩ximo de 10 d铆as, bajo apercibimiento de apremio (art. 35.2 LEC ), o impugne la cuenta, con expresa imposici贸n de todas las costas causadas. PRIMER OTROS脥 DIGO.-De conformidad con el art. 35.1 de la LEC manifiesto formalmente que no me han sido satisfechos los referidos honorarios y, AL JUZGADO SUPLICO que tenga por realizada formalmente la anterior manifestaci贸n. SEGUNDO OTROS脥 DIGO: Se acompa帽a fotocopia del 煤ltimo recibo del IAE, acreditativo de la condici贸n de letrado ejerciente del firmante, por lo que, AL JUZGADO SUPLICO que tenga por presentado el anterior documento, a los efectos oportunos. TERCER OTROS脥 DIGO: En este procedimiento ejercer茅 personalmente mi representaci贸n y defensa , por lo que, AL JUZGADO SUPLICO que se sirva acordar con arreglo a la anterior manifestaci贸n. Es justicia que pido en xxx a xxx de xxx de xxx II. La cuenta del Procurador y los honorarios del Letrado Los arts. 8 y 12 de la LEC de 1881 EDL 1881/1 regulaban lo que se denominaba "jura de cuentas", ya que se trataba de las reclamaciones que hac铆an estos profesionales a sus respectivos clientes por los honorarios devengados tras la prosecuci贸n del pleito. As铆, dec铆a el primero que el Procurador pod铆a reclamar de su poderdante moroso las cantidades que 茅ste le adeude por sus derechos y por los gastos que le hubiere suplido para el pleito; y el segundo, que los Abogados podr铆an reclamar del Procurador, y si 茅ste no interviniera, de la parte a qui茅n defiendan, el pago de los honorarios devengados. Y se llamaba "jura de cuentas" porque en ambos casos los profesionales deb铆an "jurar" que las minutas presentadas les eran debidas y no satisfechas. La Sentencia del Pleno del TC 110/1993, de 25 de marzo EDJ 1993/2983 , vino a sentar las l铆neas definitorias de estos procedimientos. Y dicha cuesti贸n, por su alegada inconstitucionalidad, estaba sustentada en dos argumentos: primero, en la vulneraci贸n del principio de igualdad de todos los espa帽oles ante la Ley del art. 14 CE EDL 1978/3879 , ya que la especialidad supon铆a una situaci贸n de privilegio para determinados profesionales en el cobro de sus estipendios; y segundo, en la vulneraci贸n del art. 24 EDL 1978/3879 , el de tutela judicial efectiva y el derecho de toda persona a ser o铆da en todo tipo de procesos, a defenderse, a presentar pruebas y a la presunci贸n de inocencia. (En el mismo sentido las Sentencias 12/1997, de 27 de enero EDJ 1997/44 , y 72/1998, de 30 de marzo EDJ 1998/1485 ). El Tribunal Constitucional se pronunci贸 de la siguiente manera: La vulneraci贸n del principio de igualdad est谩 sustentada en el privilegio que se concede a estos profesionales, en el sentido de recoger una normativa distinta para el cobro de sus cr茅ditos frente a la ordenaci贸n general que regula la satisfacci贸n de cr茅ditos frente a los deudores morosos. Lo primero que hay que decir es que esta normativa especial no est谩 legalmente prevista para Procuradores y Abogados en general, sino, o bien para reintegrar a los Procuradores de su poderdante moroso las cantidades que 茅ste le adeude por sus derechos y por los gastos que le hubiere suplido en el pleito, o bien, en cuanto a los Abogados, para el pago de los honorarios que hubieren devengado en el pleito. Es el pleito y los gastos, derechos u honorarios realizados o devengados en 茅l lo que, dentro del mismo Juzgado o Tribunal en que se han producido, se hace objeto de una regulaci贸n especial y de unas actuaciones judiciales que, obvio es decirlo, no alcanzan en absoluto a posibles derechos o devengos extrajudiciales realizados por esos motivos profesionales. El pleito, y no la condici贸n o profesi贸n de quienes ostentan los cr茅ditos, justifica y delimita el alcance de esta normativa especial. No se trata, por tanto, de un privilegio otorgado con car谩cter general al Procurador y al Abogado en atenci贸n a estas profesiones, sino en atenci贸n a su intervenci贸n en el pleito concreto en el que han actuado y para obtener la debida satisfacci贸n, dentro de ese mismo pleito, a la actividad en 茅l desarrollada. Adem谩s es necesario recordar que no toda desigualdad de trato legislativo respecto de la regulaci贸n de una determinada materia supone una infracci贸n al mandato contenido en el art. 14 CE EDL 1978/3879 , sino tan solo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales y sin que ofrezca y posean una justificaci贸n objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jur铆dicas. Lo que proh铆be el principio de igualdad son, en suma, las desigualdades que resultan artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables seg煤n criterios o juicios de valor generalmente aceptados. Pero nada obliga al legislador a que la ley contemple de una misma manera a toda clase de acreedores y respecto de cualquier tipo de cr茅ditos, por el contrario, es razonable que pueda el legislador establecer mecanismos de reclamaci贸n distintos del juicio declarativo ordinario cuando sea diferente la situaci贸n en que se encuentran los acreedores respecto de sus deudores. En cuanto a la vulneraci贸n del principio de tutela judicial efectiva lo resuelve el TC manifestando que las resoluciones judiciales requieren siempre un previo examen por el juzgador de aquello que de 茅l se pide y de los requisitos que justifican o amparan la pretensi贸n, lo cu谩l no queda excluido por los preceptos cuestionados, porque no hay que confundir la sumariedad de estos procedimientos con la obligaci贸n de adoptar una decisi贸n judicial, la apertura de la v铆a de apremio, desprovista de todo enjuiciamiento. La potestad de juzgar es incompatible con el automatismo. El art. 8 LEC EDL 1881/1 cuando establece la necesidad de requerir de pago al deudor moroso bajo apercibimiento de apremio, no impide que, interpretando dicho precepto con las garant铆as derivadas del art. 24 CE EDL 1978/3879 , interpretaci贸n que viene impuesta por lo establecido en los arts. 5 y 7 LOPJ EDL 1985/8754, se entienda que el requerimiento al deudor ha de hacerse sin impedirle de una manera absoluta hacer las alegaciones que estime pertinentes en relaci贸n con las exigencias previstas en dicho precepto pues si bien, en 茅l no se desarrolla una regulaci贸n del procedimiento, s铆 establece unos presupuestos que, por ser necesarios para su apertura, han de ser verificados de oficio por el Juzgador y, en su caso, de no ser advertidos por 茅ste, puedan ser puestos de manifiesto o alegados por el requerido que tiene derecho a que en ning煤n caso se le pueda causar indefensi贸n, indefensi贸n a la que dar铆a lugar la actitud de repeler hasta las m谩s justas causas de oposici贸n a pretexto del car谩cter privilegiado del procedimiento, extendiendo as铆 el principio "solve et repete" a supuestos como por ejemplo ser铆a sin m谩s rechazar la justificaci贸n del pago y que ir铆an m谩s all谩 de lo que el principio exige como mecanismo de intimaci贸n judicial y no de coacci贸n arbitraria e injusta que en ning煤n caso podr铆a darse en una decisi贸n judicial respetuosa con las garant铆as constitucionales. Actualmente esta materia est谩 contemplada en los arts. 34 y 35 LEC 2000 EDL 2000/77463, con la modificaci贸n operada por la Ley 13/2009 EDL 2009/238889 . Los honorarios de Abogados El esp铆ritu que informaba el art. 12 LEC 1881 EDL 1881/1 era igual al del art. 8 EDL 1881/1 y se basaba en el trato paralelo que deb铆a darse a ambos profesionales, Procuradores y Abogados, para el percibo de sus honorarios y derechos; y el fundamento es el mismo, esto es, la constancia real e indiscutible que el 贸rgano judicial tiene de que el Letrado ha prestado sus servicios cuyo pago reclama y la falta de pago de los mismos. En la vigente LEC 2000 se mantiene el cauce especial en el art. 35 EDL 2000/77463 respondiendo a la misma finalidad que antes hemos analizado con relaci贸n a los Procuradores, por el pago de los honorarios que hubieren devengado en el asunto, pero para ser reclamados 煤nicamente a la parte a qui茅n defiendan, y no al Procurador, como se conten铆a en el citado art. 12. Art. 35 1. Los abogados podr谩n reclamar frente a la parte a la que defiendan el pago de los honorarios que hubieren devengado en el asunto, presentando minuta detallada y manifestando formalmente que esos honorarios les son debidos y no han sido satisfechos. 2. Presentada esta reclamaci贸n, el Secretario Judicial requerir谩 al deudor para que pague dicha suma, con las costas, o impugne la cuenta, en el plazo de diez d铆as, bajo apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnaci贸n. Si, dentro del citado plazo, los honorarios se impugnaren por indebidos, se estar谩 a lo dispuesto en los p谩rrafos segundo y tercero del apdo. 2 del art铆culo anterior EDL 2000/77463 . Si se impugnaran los honorarios por excesivos, se proceder谩 previamente a su regulaci贸n conforme a lo previsto en los arts. 241 y ss. EDL 2000/77463 , salvo que el abogado acredite la existencia de presupuesto previo en escrito aceptado por el impugnante, y se dictar谩 decreto fijando la cantidad debida, bajo apercibimiento de apremio si no se pagase dentro de los cinco d铆as siguientes a la notificaci贸n. Dicho decreto no ser谩 susceptible de recurso, pero no prejuzgar谩, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior. 3. Si el deudor de los honorarios no formulare oposici贸n dentro del plazo establecido, se despachar谩 ejecuci贸n por la cantidad a que ascienda la minuta, m谩s las costas. Volvemos a analizar lo atinente al 贸rgano competente, las partes, el objeto y el t铆tulo necesario para despachar la ejecuci贸n. La pretensi贸n se formular谩 igualmente ante el Secretario Judicial del Tribunal en que radicare el negocio, esto es, en el Tribunal que entiende del proceso o del recurso principal. Tal interpretaci贸n se basa en el art. 61 LEC 2000 EDL 2000/77463 ya que los Juzgados y Tribunales que tengan competencia para el conocimiento de un asunto, la tendr谩n tambi茅n para el conocimiento de todas sus incidencias, y no cabe duda que este procedimiento, cualquiera que sea la naturaleza que se le asigne, es un incidente derivado del pleito principal. En cuanto a las partes, tendr谩 legitimaci贸n activa para iniciar este procedimiento exclusivamente el Abogado, excluyendo sus herederos e incluso los que adquieren el cr茅dito por cualquier t铆tulo. No es necesario que el letrado se encuentre en ejercicio. En cuanto a la legitimaci贸n pasiva para soportar el procedimiento la tiene solamente la persona f铆sica o jur铆dica a qui茅n el Abogado defendi贸. El objeto viene representado por los honorarios devengados en el pleito quedando excluidos los actos extraprocesales, salvo aquellos que est茅n debidamente acreditados en el proceso, pues cualesquiera otros solamente podr谩n ser reclamados en el juicio declarativo correspondiente. En cuanto al t铆tulo reproduciremos lo que antes hemos dicho con relaci贸n a los Procuradores, debe presentarse, por exigencia legal, la minuta detallada de sus honorarios. La exigencia de que la minuta sea detallada es absoluta y ello impone que se exprese, partida por partida y no globalmente, el importe de los honorarios que se reclaman por cada escrito, informe oral, etc... Esta minuta es el t铆tulo formal mediato y suficiente para que el Juzgado o Tribunal ordene la ejecuci贸n contra el cliente moroso. El procedimiento se cumple requiriendo el Secretario Judicial al deudor para que en el plazo de diez d铆as pague la suma reclamada con las costas, o formule impugnaci贸n, con apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnaci贸n. Si en el plazo indicado se formula impugnaci贸n de los honorarios por ser indebidos, el Secretario Judicial examinar谩 la cuenta y las actuaciones procesales, as铆 como la documentaci贸n aportada y dictar谩, en el plazo de diez d铆as, decreto determinando la cantidad que haya de satisfacerse al letrado, bajo apercibimiento de apremio si el pago no se efectuase dentro de los cinco d铆as siguientes a la notificaci贸n. Esta resoluci贸n no ser谩 susceptible de recurso, pero no prejuzgar谩, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior. Si se impugnara la suma reclamada por ser excesiva se estar谩 entonces a los mismos tr谩mites de la impugnaci贸n de la tasaci贸n de costas del art. 246 LEC 2000 EDL 2000/77463 , dando traslado de la impugnaci贸n al letrado por plazo de cinco d铆as y, si no aceptara la reducci贸n, se pasar谩 testimonio de los autos, o de la parte de ellos que resulte necesaria, al Colegio de Abogados para que emita informe. A continuaci贸n el Secretario Judicial, a la vista de lo actuado y de los dict谩menes emitidos, dictar谩 decreto manteniendo la suma reclamada o, en su caso, introducir谩 las modificaciones que estime oportunas. Pero a diferencia con la impugnaci贸n de las costas, la resoluci贸n del Secretario no es susceptible de recurso alguno, pero no prejuzgar谩, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior. III. Disposiciones comunes Trataremos dos 煤ltimas cuestiones referidas a ambos procesos, una es la referida a la alegaci贸n de prescripci贸n, y la otra, la ejecuci贸n. 1. La prescripci贸n No se contiene en los estudiados arts. 34 y 35 EDL 2000/77463 cita alguna al momento en que tanto el Procurador como el Abogado debe presentar sus cuentas, sin embargo hemos de entender que a pesar de la ausencia debe aplicarse a la petici贸n las previsiones que se contienen en el art. 1967 CC EDL 1889/1 , a cuyo tenor, por el transcurso de tres a帽os prescriben las acciones para el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 1陋) La de pagar a los jueces, abogados, registradores, notarios, escribanos, peritos, agentes y curiales sus honorarios y derechos, y los gastos y desembolsos que hubiesen realizado en el desempe帽o de sus cargos u oficios en los asuntos a que las obligaciones se refieran; y en su 煤ltimo p谩rrafo, que el tiempo para la prescripci贸n de estas acciones se contar谩 desde que dejaron de prestarse los respectivos servicios. La cita a los Abogados es clara pero de la misma manera incluiremos a los Procuradores. La SAP Valladolid de 12 mayo 2009 indica: Planteada en tales t茅rminos la alzada (se acog铆a en la instancia el plazo de quince a帽os), es criterio de esta Audiencia que la acci贸n profesional para exigir el pago de los honorarios profesionales de los Procuradores prescribe por el transcurso del plazo de tres a帽os previsto en el art. 1967,1 CC EDL 1889/1 . As铆 entre otras se ha expresado en nuestra Sentencia de 22 abril 2009 EDJ 2009/100271 en relaci贸n a otra reclamaci贸n de honorarios formulada por la misma procuradora, con cita de la abundante jurisprudencia menor y del Tribunal Supremo que avala dicha tesis. En tal sentido resulta ilustrativa, por la profundidad con que aborda la cuesti贸n, la SAP Madrid de 6 abril 2006 EDJ 2006/68847 , que textualmente dice "La resoluci贸n de 15 de junio de 1999 EDJ 1999/16798 dictada por el Tribunal Supremo tom贸 como presupuesto argumental de su pronunciamiento en Jura de Cuentas promovida por una Procuradora, que el plazo de tres a帽os de prescripci贸n recogido en el art铆culo 1967.1潞 CC era de aplicaci贸n a la reclamaci贸n de los derechos del Representante Procesal. Cierto es que entre los profesionales y funcionarios intervinientes en el proceso no se hallan recogidos expresamente los Procuradores, pero no cabe duda que la f贸rmula empleada por el Legislador de la 茅poca en que se redact贸 el C贸digo Civil EDL 1889/1 no es totalmente cerrada por cuanto incluye dos figuras entre las que es posible incluir una variedad importante de profesionales y empleados, como son los agentes y curiales, amplitud conceptual que exige al Tribunal realizar una interpretaci贸n declarativa, tal como as铆 lo expres贸 la Sentencia del TS de 18 de abril de 1967. Respecto a los primeros, el Tribunal Supremo ha declarado que se trata de una expresi贸n gen茅rica donde pueden incluirse todos aqu茅llos que tengan por oficio gestionar negocios ajenos (SSTS de 18 de abril de 1967 y 1 de diciembre de 1986 EDJ 1986/7828 ), actividad que desarrolla el Procurador en cuanto representa y act煤a por el litigante en los procesos donde fue designado y apoderado. La expresi贸n curiales es a煤n m谩s gen茅rica, imprecisa y actualmente en desuso en los Tribunales civiles, pero si tomamos en consideraci贸n la definici贸n del t茅rmino dada por el Diccionario de la Real Academia Espa帽ola de la Lengua, indicando como sexta acepci贸n la siguiente: Empleado subalterno de los tribunales de justicia, o que se ocupa en activar en ellos el despacho de los negocios ajenos, se nos muestra una noci贸n, que si bien tiene un ajuste perfecto para referirse a muchos de los trabajadores de la Administraci贸n de Justicia que en aquellos tiempos cobraban por arancel, como los Porteros de Sala, Alguaciles, Oficiales de Sala y otros, tambi茅n puede englobar la funci贸n interpuesta del Procurador en cuanto su trabajo consiste, b谩sicamente, en promover la actuaci贸n judicial en nombre de su cliente ante un Tribunal determinado. Tambi茅n conviene tener presente que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo m谩s cercana a la promulgaci贸n del C贸digo Civil, cuando interpretaba esa disposici贸n para supuestos l铆mites como el del Abogado perceptor de un sueldo de su cliente, entend铆a que s贸lo era aplicable si los honorarios eran fijados de forma libre por el profesional, llegando a concluir que el precepto se destinaba a regular la prescripci贸n de derechos econ贸micos devengados por el ejercicio libre o regulados por arancel, como es el caso de los Procuradores, y en la 茅poca de promulgaci贸n del C贸digo Civil ocurr铆a con la pr谩ctica totalidad de quienes participaban en la Administraci贸n de Justicia. Pero lo m谩s importante es que en su sentido propio el Procurador es un empleado del Tribunal en cuanto su empleo lo ejerce s贸lo ante el 脫rgano Jurisdiccional en cuyo partido est谩 colegiado, por lo que encajar铆a a la perfecci贸n en la definici贸n de curial recogida por la Real Academia Espa帽ola de la Lengua". Adem谩s indicaremos que frente a alg煤n criterio de admisi贸n de oficio de este plazo de prescripci贸n, entiendo que actualmente el Secretario Judicial no debe ni puede de oficio, por propia iniciativa y sin previa petici贸n de parte interesada y legitimada a tal fin, que lo es el poderdante ejecutado, o el cliente, entrar a valorar y decidir si la deuda se halla o no prescrita, puesto que no puede olvidarse que la prescripci贸n extintiva es configurada por la doctrina y jurisprudencia como excepci贸n perentoria en sentido estricto y por ello no puede ser apreciada de oficio y exige para su operatividad previa alegaci贸n de parte. 2. La ejecuci贸n Es com煤n a ambos procedimientos que en caso de no formularse oposici贸n el Secretario Judicial despachar谩 la ejecuci贸n por la cantidad a que ascienda la cuenta o la minuta, m谩s las costas. Y adem谩s, que en caso de formularse aqu茅lla, terminar谩 con el dictado de resoluci贸n que siendo desestimatoria determinar谩 la cantidad que haya de satisfacerse al Procurador o al Abogado bajo apercibimiento de apremio si el pago no se hace en plazo de cinco d铆as. Pues bien, tanto en un supuesto como en el otro lo que sucede es que con las citadas resoluciones se va a abrir la fase de ejecuci贸n, concretamente la dineraria, ya que nos encontrar铆amos ante t铆tulos de ejecuci贸n amparados en el n潞 9 del art. 517 LEC EDL 2000/77463 . Consignamos en este apartado la Instrucci贸n 3/2001, de 20 de junio, del Consejo General del Poder Judicial (BOE de 29 de junio) EDL 2001/23006 en la que se vienen a configurar los procesos de ejecuci贸n como realidades separadas del pleito declarativo que, en su caso, les hubiera precedido y del que traigan causa, y ordena que: 1) En el libro general de asuntos se asignar谩 a los procesos civiles de ejecuci贸n, sea provisional o definitiva y cualquiera que sea el t铆tulo que le haya dado origen, un n煤mero correlativo, distinto y separado del que se haya asignado al proceso declarativo del que traiga causa, en su caso, la ejecuci贸n. Indicando en la anotaci贸n de la ejecuci贸n el n煤mero correspondiente a dicho proceso declarativo. 2) En los casos en que se despache ejecuci贸n por falta de oposici贸n en un proceso monitorio o cambiario, a efectos estad铆sticos se dar谩 por terminado el proceso y se registrar谩 la correspondiente ejecuci贸n. Inspirados en este apartado segundo, bastar谩 entonces transformar el proceso especial en proceso de ejecuci贸n a los solos efectos estad铆sticos y de registro. Deber谩 presentarse demanda de ejecuci贸n ante el propio Tribunal que conoci贸 del asunto, salvo que se trate de resoluci贸n dictada por el Secretario Judicial en Tribunal Colegiado, como ser铆a, por ejemplo, la Audiencia Provincial, ya que conforme a lo dispuesto en el art. 82,4 LOPJ EDL 1985/8754 茅sta solamente tiene competencia en materia civil para el conocimiento de los recursos y no precisamente para el conocimiento de demandas de ejecuci贸n, como ser铆a el caso, siendo competente entonces en estos casos el Juzgado de Primera Instancia que corresponda. Existe otra raz贸n para mantener esta competencia y es el sistema de recursos en la fase de ejecuci贸n, pues de sostener la competencia de la Audiencia Provincial cualquier resoluci贸n a la que la ley admite la susceptibilidad del recurso de apelaci贸n, 茅ste no ser铆a posible, ya que el 煤nico Tribunal competente para el conocimiento de los recursos de apelaci贸n lo es la misma Audiencia Provincial.
 
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Jose Fco. Villanueva Castillo- 13/12/2012
 
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