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Abogados en Valencia
- 脕rea PENAL
CONSECUENCIAS PENALES DEL IMPAGO DE PENSIONES ESTABLECIDAS JUDICIALMENTE,
MANUEL SARRION SIERRA
21/09/2011
 
El art. 227 del C贸digo Penal establece la siguiente tipificaci贸n del impago de pensiones: 1. El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestaci贸n econ贸mica en favor de su c贸nyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resoluci贸n judicial en los supuestos de separaci贸n legal, divorcio, declaraci贸n de nulidad del matrimonio, proceso de filiaci贸n, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, ser谩 castigado con la pena de prisi贸n de tres meses a un a帽o o multa de seis a 24 meses. 2. Con la misma pena ser谩 castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestaci贸n econ贸mica establecida de forma conjunta o 煤nica en los supuestos previstos en el apartado anterior. 3. La reparaci贸n del da帽o procedente del delito comportar谩 siempre el pago de las cuant铆as adeudadas El precepto, incorporado al C贸digo anterior en la reforma de 1989, pretende proteger a los miembros m谩s vulnerables econ贸micamente de la unidad familiar frente al incumplimiento de los deberes asistenciales por el obligado a prestarlos, incorporando esta tipificaci贸n del abandono de familia. No olvidemos que normalmente los principales perjudicados de los procesos matrimoniales suelen ser los derechos de los menores sometidos a la patria potestad de los c贸nyuges, y que muchas veces, la conducta irresponsable de los padres y madres frente al otro c贸nyuge acaba repercutiendo en los hijos, v铆ctimas inocentes de esa irresponsabilidad. El Derecho Penal, si bien es la 煤ltima ratio de nuestro ordenamiento jur铆dico, no puede quedar al margen de esta realidad, y reacciona tipificando esta conducta dentro de los delitos contra las relaciones familiares, como una segregaci贸n del tipo general del abandono de familia. El tipo penal en este caso se remite necesariamente a la regulaci贸n civil, ya que s贸lo constituir谩 delito el impago de las prestaciones econ贸micas establecidas en convenio judicialmente aprobado o en resoluci贸n judicial; quedan por tanto fuera de esta protecci贸n los convenios privados que no hayan obtenido la correspondiente homologaci贸n judicial. El procedimiento civil puede ser tanto de mutuo acuerdo como contencioso, y en cualquiera de los diferentes procedimientos previstos en la ley procesal. La conducta sancionada parece clara; el impago de la pensi贸n durante dos meses consecutivos, o de cuatro no consecutivos, como conducta objetiva, admitir谩 poca discusi贸n, y cabe recordar al respecto que el obligado al pago es a quien corresponde la prueba del cumplimiento de su obligaci贸n. Por ello, la primera cuesti贸n que se nos puede plantear es puramente de prueba; si pretendemos defendernos de la acusaci贸n, deberemos probar que hemos realizado el pago, por cualquiera de las formas admitidas en Derecho 鈥搑ecibos, transferencias, etc, constando en cada caso el concepto, importe, y mes al que corresponde-. La cuesti贸n se complica cuando entra en juego el llamado elemento subjetivo del tipo, ya que los tribunales vienen exigiendo, no s贸lo el hecho del impago, sino una renuencia o resistencia del acusado al pago al que ven铆a obligado, lo que implica que deberemos probar que le hemos reclamado el cumplimiento de la obligaci贸n. Ahora bien, ello tampoco puede significar que tengamos que probar una voluntad definitiva de no pagar, sino que bastar铆a acreditar el retraso injustificado o malicioso por parte del obligado. No se trata con ello de criminalizar el incumplimiento de una obligaci贸n civil, que se ha planteado en la doctrina incluso como una encubierta 鈥減risi贸n por deudas鈥 que ser铆a claramente inconstitucional, y prohibida incluso por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Pol铆ticos de Nueva York de 1966. La Sentencia de Tribunal Supremo de 13 de febrero de 2001 afirma que la norma obliga a excluir de la sanci贸n penal aquellos supuestos de imposibilidad de cumplimiento, es decir, que no deber铆a sancionarse la conducta del que no cumple lo que est谩 obligado porque no puede, sino solamente cuando pudiendo cumplir, no quiere hacerlo. Ello implicar铆a que el pago parcial de las pensiones a las que se est谩 obligado determinar铆a la no aplicaci贸n del tipo delictivo, si bien a este respecto, e intentando la protecci贸n del inter茅s familiar que hemos mencionado con anterioridad, la Sentencia de Tribunal Supremo de 3 de abril de 2001 afirma que se produce la conducta t铆pica cuando el obligado al pago establecido en sentencia firme abona menos de la mitad del importe establecido durante tres meses consecutivos, y por tanto, incumple de forma consciente y voluntaria y sin causa o motivo que lo justifique. Estamos ante un delito doloso, es decir, que no puede cometerse por simple imprudencia, y se requiere conciencia y voluntad de dejar de pagar la prestaci贸n peri贸dica que le ha sido impuesta en sentencia o convenio judicialmente aprobado (STS de 8 de julio de 2002). En caso de necesidad, desgraciadamente muy com煤n en la actualidad como consecuencia de la grave crisis econ贸mica que estamos padeciendo, y ante la imposibilidad de atender los pagos que deban atenderse en virtud de pronunciamientos judiciales relativos a procesos matrimoniales o de filiaci贸n, el primer consejo que podemos facilitar es que, antes de incumplir totalmente, se debe intentar un cumplimiento parcial de la obligaci贸n que tenemos impuesta, y antes de que se inicie un procedimiento penal, tratar de llegar a un acuerdo con la contraparte para modificar las medidas que se hubieran establecido y que ahora se demuestra que no se pueden cumplir; y finalmente, si no es posible alcanzar un acuerdo, directamente presentar el correspondiente procedimiento de modificaci贸n de medidas, que permita variar la resoluci贸n judicial que nos obliga al pago de unas pensiones que en la actualidad no podemos atender, para evitar que la situaci贸n se complique m谩s a煤n con una denuncia ante el Juzgado de Instrucci贸n. La eficacia de ese procedimiento queda reducida en caso que se interponga con posterioridad a la denuncia por impago, aunque s铆 que nos permitir谩 acreditar en el acto del juicio oral, o durante la instrucci贸n de la causa, nuestra voluntad de cumplir con las obligaciones impuestas, pese a lo precario de nuestra situaci贸n econ贸mica que ha impedido su cumplimiento regular. Dado que el art.227 hace referencia a las obligaciones de contenido econ贸mico, no podemos obviar la referencia contenida en el art.618.2 del C贸digo, que castiga como falta contra las personas el incumplimiento de las obligaciones familiares establecidas en convenio judicialmente aprobado 鈥渜ue no constituyan delito鈥, por lo que parece excluir las obligaciones carentes de contenido econ贸mico, para centrarse en las obligaciones referidas al r茅gimen de visitas establecido en las correspondientes resoluciones judiciales; mientras que est谩n cubiertos en el art.622 los incumplimientos relativos al r茅gimen de custodia, igualmente, 鈥渜ue no lleguen a constituir delito contra las relaciones familiares o, en su caso, de desobediencia鈥. Finalmente, y como aspecto m谩s estrictamente t茅cnico, debemos considerar que entre las conclusiones de la Consulta 1/2007, de la Fiscal铆a General del Estado, se menciona expresamente que los incumplimientos contenidos en el escrito de acusaci贸n se calificar谩n como un 煤nico delito, no como delito continuado, con los efectos previstos en el art. 66 del C贸digo Penal a efectos de petici贸n punitiva; que los Fiscales deber谩n solicitar que el acusado indemnice a la parte perjudicada en concepto de responsabilidad civil con el pago de las cantidades adeudadas; y que en caso de que el acusado reconozca en el acto del juicio oral cantidades distintas de las que se incluyen en el escrito de acusaci贸n, o resulten 茅stas de la actividad probatoria del acto del juicio oral, se deber谩n modificar las conclusiones provisionales establecidas por los Fiscales, tanto en cuanto a la petici贸n de pena como de responsabilidad civil. Ahora bien, ser谩 imprescindible que la prueba practicada en el juicio permita mantener en las conclusiones definitivas los impagos constitutivos del per铆odo m铆nimo requerido por el C贸digo Penal, sobre el que se le recibi贸 declaraci贸n como imputado en la fase de instrucci贸n. Es decir, que si resulta de la fase probatoria de la vista oral que el acusado no cometi贸 los impagos de los que se le acusa y por los que declar贸 en instrucci贸n, pero s铆 otros distintos, no procede mantener la acusaci贸n, sino retirarla, y promover nueva denuncia por los hechos, siempre que el delito no haya prescrito. Manuel Sarri贸n Sierra Abogado, Colegiado 7591 ICAV mss@casesdedret.com
 
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