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Abogados en Valencia
- ADMINISTRATIVO
ADAPTACION DE LA ACTUACION MUNICIPAL A LA LEY 37/2011
laboda laboda
07/11/2011
 
Ha entrado en vigor la Ley 37/2011, de 10 de Octubre, de medidas de agilizaci贸n procesal, publicada en el B.O.E. n潞 245 de 11 de Octubre, que introduce reformas en la Ley de la Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa y otras normas, algunas de las cuales inciden en actuaciones que la Administraci贸n Local debe llevar a cabo habitualmente, versando el presente art铆culo sobre dicha novedad y su trascendencia en la actividad habitual del Concello. I.- Modificaci贸n que afecta a la instrucci贸n de recursos contra actos administrativos: El art. 58.2 de la L.R.J.A.P. y P.A.C. establece: 鈥淭oda notificaci贸n deber谩 ser cursada dentro del plazo de diez d铆as a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deber谩 contener el texto 铆ntegro de la resoluci贸n, con indicaci贸n de si es o no definitivo en la v铆a administrativa, la expresi贸n de los recursos que procedan, 贸rgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente鈥. La regla segunda del apartado 1 del art. 14 de la L.J.C.A. resulta modificada por la entrada en vigor de la Ley 37/2011, alterando las reglas de competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativos ante los cuales se ha de interponer recurso contencioso-administrativo contra determinados actos administrativos, lo que tiene su correspondiente reflejo en una alteraci贸n de la instrucci贸n de recursos que se han de realizar en el acto administrativo correspondiente. El art. 14 de la L.J.C.A. ten铆a la redacci贸n que sigue: 鈥1. La competencia territorial de los Juzgados y de los Tribunales Superiores de Justicia se determinar谩 conforme a las siguientes reglas: Primera. Con car谩cter general, ser谩 competente el 贸rgano jurisdiccional en cuya circunscripci贸n tenga su sede el 贸rgano que hubiere dictado la disposici贸n o el acto originario impugnado. Segunda. Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones P煤blicas en materia de personal, propiedades especiales y sanciones ser谩 competente, a elecci贸n del demandante, el Juzgado o el Tribunal en cuya circunscripci贸n tenga aqu茅l su domicilio o se halle la sede del 贸rgano autor del acto originario impugnado. Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones de las Comunidades Aut贸nomas o de las entidades de la Administraci贸n Local, la elecci贸n a que se refiere esta regla segunda se entender谩 limitada a la circunscripci贸n del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el 贸rgano que hubiere dictado el acto originario impugnado. Tercera. La competencia corresponder谩 al 贸rgano jurisdiccional en cuya circunscripci贸n radiquen los inmuebles afectados cuando se impugnen planes de ordenaci贸n urbana y actuaciones urban铆sticas, expropiatorias y, en general, las que comporten intervenci贸n administrativa en la propiedad privada. 2. Cuando el acto originario impugnado afectase a una pluralidad de destinatarios y fueran diversos los Juzgados o Tribunales competentes seg煤n las reglas anteriores, la competencia vendr谩 atribuida al 贸rgano jurisdiccional en cuya circunscripci贸n tenga su sede el 贸rgano que hubiere dictado el acto originario impugnado鈥. La modificaci贸n de la regla segunda le ha conferido a la L.J.C.A. la redacci贸n que sigue: 芦Segunda. Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones p煤blicas en materia de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones ser谩 competente, a elecci贸n del demandante, el juzgado o el tribunal en cuya circunscripci贸n tenga aqu茅l su domicilio o se halle la sede del 贸rgano autor del acto originario impugnado. Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones de las Comunidades Aut贸nomas o de las entidades de la Administraci贸n Local, la elecci贸n a que se refiere esta regla segunda se entender谩 limitada a la circunscripci贸n del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el 贸rgano que hubiere dictado el acto originario impugnado.禄 Es decir, que antes cuando se trataba de actos en materia de personal, propiedades especiales y sanciones la resoluci贸n que pon铆a fin a la v铆a administrativa deb铆a instruir al interesado de que contra la misma cab铆an, aparte de otros recursos que en v铆a administrativa puedan existir, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripci贸n se halle la sede del 贸rgano autor del acto originario impugnado, o, a su elecci贸n, en aquella en la que tenga su domicilio, siempre y cuando, en este 煤ltimo caso, sea dentro de la Comunidad Aut贸noma de Galicia; y a partir de la entrada en vigor de la reforma, habr谩 que realizar tal instrucci贸n de recursos tambi茅n en relaci贸n a los actos que pongan fin a la v铆a administrativa en materia de responsabilidad patrimonial. II.- Plazo para ejecutar las Sentencias que dicten los Juzgados y Tribunal es de lo Contencioso-Administrativo: Seg煤n el art. 104 de la L.J.C.A. actualmente vigente 茅ste es de dos meses desde la comunicaci贸n de la Sentencia; la reforma mantiene dicho plazo, pero a帽ade la posibilidad de que, atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y efectividad de la Sentencia, 茅sta misma fije un plazo inferior, al que habr谩 de estarse. Redacci贸n que ha entrado en vigor: 鈥1. Luego que sea firme una sentencia, el Secretario judicial lo comunicar谩 en el plazo de diez d铆as al 贸rgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, recibida la comunicaci贸n, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, y en el mismo plazo indique el 贸rgano responsable del cumplimiento de aqu茅l. 2. Transcurridos dos meses a partir de la comunicaci贸n de la sentencia o el plazo fijado en 茅sta para el cumplimiento del fallo conforme al art. 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas podr谩 instar su ejecuci贸n forzosa. 3. Atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la efectividad de la sentencia, 茅sta podr谩 fijar un plazo inferior para el cumplimiento, cuando lo dispuesto en el apartado anterior lo haga ineficaz o cause grave perjuicio. 鈥 III.- Otras reformas: Las restantes reformas son de limitado inter茅s para la actividad municipal, y se detallan a continuaci贸n: .- Modificaci贸n del art. 78 de la L.J.C.A.: se incluye dentro del procedimiento abreviado la tramitaci贸n de todo asunto de cuant铆a inferior a 30.000 鈧. .- Modificaci贸n del art. 81.1.a) de la L.J.C.A.: se excluyen del recurso de apelaci贸n los procedimientos cuya cuant铆a sea inferior a 30.000 鈧. .- Modificaci贸n del art. 86.2.b) de la L.J.C.A.: se excluyen del recurso de casaci贸n ordinario los asuntos cuya cuant铆a no exceda de 600.000 鈧. .- Otras. CONCLUSIONES Cuando se produzca la entrada en vigor de la reforma de la L.J.C.A. introducida por Ley 37/2011, la adaptaci贸n de la actuaci贸n administrativa municipal a la misma conllevar谩: - Que en los actos administrativos que pongan fin a la v铆a administrativa en materia de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones, se incluir谩 una instrucci贸n de recursos similar a la que a continuaci贸n se inserta: 鈥淐ontra la presente se podr谩 interponer (aparte de otros recursos que puedan caber) recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el d铆a siguiente a la notificaci贸n de la presente resoluci贸n, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra o, a elecci贸n del demandante, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda a su domicilio, en este 煤ltimo caso siempre y cuando se encuentre dentro de la circunscripci贸n territorial del Tribunal Superior de Justicia de Galicia鈥. - Que se deber谩 comprobar qu茅 plazo se confiere en cada caso para ejecuci贸n de las Sentencias dictadas en los recursos contencioso-administrativos, que continuar谩 siendo de 2 meses desde la fecha de la comunicaci贸n, a no ser que la propia Sentencia disponga otro, en cuyo caso a 茅ste 煤ltimo habr谩 de estarse. NORMATIVA UTILIZADA: - Ley 37/2011, de 10 de Octubre, de medidas de agilizaci贸n procesal. - Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de R茅gimen Jur铆dico de las Administraciones P煤blicas y del Procedimiento Administrativo Com煤n (abreviadamente, en adelante, L.R.J.A.P. y P.A.C.). - Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci贸n Contencioso-Administrativa (abreviadamente, en adelante, L.J.C.A.). Ana-Isabel Paz Rodr铆guez - 7 de Noviembre de 2011.
 
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